Los estados disponen de un considerable arsenal de herramientas, legales o
ilegales, para defender sus políticas e intereses.
Las herramientas legales son las que conocemos y las que se hacen públicas
a través del BOE y de los medios de comunicación. Leyes, decretos, disposiciones,
reglamentos o normas.
Cuando esa batería normativa no basta, se queda corta o no es lo
suficientemente eficaz se recurre a otros medios menos evidentes, amparados en
la opacidad operacional de los servicios paralelos y en los numerosos sistemas
de presión de los que dispone el entramado estatal.
Buena parte de esto puede comprobarse ahora mismo en España, a raíz de la
voluntad independentista manifestada sin ambages por la comunidad catalana.
Basta un poco de atención para comprobar que el Estado acciona todos los
resortes a su alcance para doblegar la voluntad de lo que el franquismo
denominó “las regiones díscolas” y que en el caso presente se limita a
Catalunya, sin dejar por ello de emitir señales de aviso en dirección a
Euskadi.
Las medidas legales están a la vista. Se sustancian en la negativa
sistemática de concesiones económicas o de cualquier otro tipo, en la dilación
de la puesta en marcha de obras de infraestructura, en el sesgo sutil de las
decisiones judiciales y en la objeción a cualquier solicitud o medida que pueda
favorecer dicha comunidad, restando así protagonismo al paquete de
responsabilidades y prerrogativas de ámbito autonómico. Nada de ello muy
diferente del juego de poder en el seno de cualquier grupo de seres humanos.
Las medidas opacas, y por lo tanto menos visibles, se intuyen en la
violenta campaña mediática que tiende a desacreditar lo catalán, en el sorprendente
incremento de determinada delincuencia y en la permanente carga de mensajes y
de amenazas, abiertas o subliminales, que destila el gobierno en muchas de sus
comparecencias públicas, todo ello con el objetivo de desacreditar, dividir,
amedrentar y crear un estado de opinión adverso al llamado “derecho a decidir”
y favorable a las tesis centralistas.
Los múltiples servicios estatales encubiertos trabajan en los ámbitos
apuntados sin límite presupuestario ni legal, aplicando la máxima de “cuanto
peor, mejor”, propiciando el caos e incidiendo en la posible división interna
del catalanismo con resultados dispares.
Se pone especial énfasis en la corrupción política catalana, llevando los
casos a su estallido en el momento adecuado, contrarrestando así la difusión y
los efectos de su homónima estatal, a la vez que se rebaja el impacto público
de decisiones de alcance en el ámbito de la política independentista.
Los gabinetes de estudios integrados en los distintos servicios trabajan
con material de primera mano, reciben información de calidad y están en condiciones de prever las distintas
etapas del proceso soberanista, consiguiendo así situar las acciones en los
momentos adecuados y dónde más pueden afectar al calendario de la independencia.
Es evidente que la Generalitat de Catalunya, al igual que cualquier otro gobierno
de un estado vigente o en ciernes, dispone asimismo de sus propios medios
ilegales, pero en este caso la diferencia, por cuestiones de volumen, de
presupuesto y de experiencia, juega a favor del adversario, aunque la historia
nos brinde numerosos ejemplos en los que David ha vencido a Goliat, sobre todo
en el desdibujado y no siempre inteligible espacio de la sombra.
Observar los acontecimientos desde el prisma de los servicios ofrece una
visión apasionante de las razones, de los medios y de la estrategia de cada
bando. De su nivel de implicación y de la convicción que alienta a los
profesionales de las tinieblas.
Pierre Roca
